domingo, 28 de agosto de 2016

Escándalo por emails ocultos y favores a cambio de dinero para la fundación Clinton amenazan la campaña de Hillary


ESTA SEMANA EN EE.UU. LA AGENCIA INFORMO QUE LA CANDIDATA OCULTO CORREOS ELETRONICOS

Hillary Clinton, tienes un e-mail del FBI

A dos meses y pico de las elecciones presidenciales la ex Primera Dama aventaja a Donald Trump. Pero si sus problemas vuelven a desplazar a los gaffes de su rival, lo que hoy se proyecta como una carrera tranquila se puede complicar.

Por Nicolás Lantos
Desde Richmond, Virginia
Página/12

Con las encuestas trayéndole sólo buenas noticias, la matemática del colegio electoral a su favor y la recaudación de fondos de campaña viento en popa, solo una cosa se interpone, a esta altura del partido, entre Hillary Clinton y la Casa Blanca: ella misma, o más precisamente, su pasado. Esta semana, el FBI dio a conocer que está en posesión de unos 15 mil correos electrónicos que la candidata ocultó en el marco de la investigación por el uso de un servidor de email personal para tratar asuntos oficiales durante su paso por la secretaría de Estado.
En los últimos días, además, volvió a ponerse sobre el tapete otro de los escándalos que penden sobre su nominación: el vínculo entre su rol como funcionaria del gobierno de Barack Obama y la Fundación Clinton, que sus detractores denuncian como poco transparente. Según se supo, la mitad de las figuras que tuvieron entrevistas con ella durante su paso por esa función fueron donantes a la organización benéfica que fundó junto a su marido, el ex presidente Bill Clinton.
Tras 20 años como una figura pública a nivel nacional, primero como primera dama, luego como senadora, secretaria de Estado, precandidata presidencial y ahora candidata, los escándalos que rodean a su figura y a su familia se entrelazan en una madeja: la investigación por su responsabilidad en el ataque al consulado estadounidense en Benghazi, Libia, reveló el manejo irregular de sus emails? las pericias a su correo echaron luz a su vez sobre el conflicto de intereses con la Fundación.
Hasta ahora, la estrategia de Clinton es dejar pasar el tiempo e intentar que los reflectores apunten a su rival, el republicano Donald Trump, más que a sus propios problemas. Con algo de ayuda del magnate, al que le cuesta correrse de los focos, por ahora la demócrata tuvo éxito, mayormente: la campaña gira, hoy, mayormente, en torno a la figura de Trump, convenientemente para ella.
Pero el peor momento en la campaña de Clinton, a mediados de julio, cuando estuvo casi en empate técnico en las encuestas que hoy le dan más de cinco puntos de ventaja en promedio, coincidió con el de mayor exposición del escándalo de los emails y una declaración al respecto del jefe de FBI. Si sus problemas vuelven a ocupar las primeras planas, desplazando a los gaffes de su rival, lo que hoy se proyecta como una carrera tranquila se puede complicar.
Durante la investigación sobre la responsabilidad del gobierno norteamericano en el ataque al consulado de Benghazi, en el que murieron cuatro funcionarios en 2012, salió a la luz que Clinton, en sus cuatro años como secretaria de Estado, utilizó un servidor de emails
personal para llevar adelante comunicaciones personales y oficiales fuera del control de los canales previstos por la ley. Por demanda del FBI, la candidata puso a disposición alrededor de 30 mil mensajes, algunos de ellos confidenciales, que pasaron por ese servidor. La investigación oficial concluyó el mes pasado, y ella quedó libre de cargos. Sin embargo, la semana pasada se supo que hay otros 15 mil emails que Clinton había eliminado y no reveló en un primer momento. Por orden de un juez federal, el FBI debe darle prioridad a la revisión de estos mensajes y su posterior publicación (una vez que se eliminen los pasajes que pongan en riesgo a la seguridad nacional). Aunque no es seguro que el proceso pueda completarse antes de las elecciones, la posibilidad de que algunos de ellos salgan a la luz en la recta final de la carrera electoral preocupa al equipo demócrata.
Además, el viernes, otro juez federal intimó a la ex secretaria de Estado a contestar una serie de preguntas sobre su sistema de correspondencia electrónica.
Las novedades encendieron una señal de alarma en el entorno de Clinton, que había transitado las últimas semanas con la tranquilidad que le dan una ventaja apreciable en las encuestas tanto locales como en la gran mayoría de los estados en disputa. Mientras sigue recorriendo el país y desplegando avisos televisivos, sin embargo, la candidata se hizo tiempo para dar una entrevista telefónica, la primera en más de un mes, lo que muestra que las últimas novedades la obligaron a salir del piloto automático.
Para peor, al escándalo de los emails se le sumó un nuevo problema.
El lunes pasado, la organización Judicial Watch, una de las más activas en las investigaciones, reveló alrededor de 800 emails de Huma Abedin, una de las principales asesoras de Clinton en su paso por la administración Obama, de los que se desprende cierta correlación entre grandes donantes a la Fundación y la solicitud de reuniones oficiales con la secretaria de Estado. Según la acusación, Abedin, junto con el ejecutivo de la Fundación Doug Band, establecían un puente entre el ámbito privado y el público cuya legalidad es dudosa.
Según reveló la agencia de noticias AP esta semana, “Más de la mitad de las personas que no eran funcionarias del gobierno y tuvieron reuniones con Hillary Clinton mientras ella era secretaria de Estado dieron dinero, ya sea personalmente o a través de compañías o grupos, a la Fundación Clinton”. El reporte indica que “al menos 85 de 154 personas del sector privado que tuvieron reuniones o diálogo telefónico con Clinton mientras ella dirigía el departamento de Estado realizaron donaciones” a la Fundación.
En total, los Clinton recibieron de estos donantes 156 millones de dólares. De los 85, al menos 40 aportaron cien mil dólares o más. A eso se les pueden sumar otros 170 millones de 16 gobiernos extranjeros que fueron recibidos por la funcionaria, aunque los reporteros de AP advierten que “esas reuniones probablemente formaron parte de sus tareas diplomáticas”. Aceptar estas donaciones no necesariamente constituyó un delito pero sí fueron contrarias al Memorandum de entendimiento que Obama le exigió a Clinton antes de nombrarla en el cargo justamente para evitar situaciones de dudosa legalidad.
Las novedades en la causa de los emails al igual que respecto a la fundación obligaron a Clinton a salir del piloto automático con el que manejaba su campaña y el miércoles dio su primera entrevista en más de un mes. “Sé que hay mucho humo, pero no hay fuego”, dijo la candidata consultada por las acusaciones en su contra. Todas sus reuniones como secretaria de Estado fueron con “líderes globales altamente respetados” y tuvieron lugar por ese rol y no por las donaciones que hayan hecho o dejado de hacer. “Estoy orgullosa de haberme reunido con ellos”, agregó.
Sin embargo, en la entrevista, concedida por vía telefónica a la red noticiosa CNN, se escuchó a la candidata con un tono nervioso, lejos del triunfalismo que muestra en sus actos públicos. “Parece que sabés más sobre la Fundación que sobre cualquier cosa relacionada con Donald Trump, como sus negocios, sus declaraciones impositivas, es notable”, retó al periodista Anderson Cooper, enojada por sus repreguntas. “Estoy orgullosa del trabajo que hemos hecho con mi marido. Ya hemos proporcionado una cantidad enorme de información. Mientras, Donald Trump no muestra su declaración jurada y tiene deudas con gobiernos y bancos extranjeros”, se quejó, saliéndose del libreto.
En medio de las revelaciones, Bill Clinton anunció que habrá cambios inéditos en el manejo de la Fundación, en caso de que su esposa llegue a la presidencia: por un lado, él dejaría de ser el director de la organización? por el otro, se suspendería el financiamiento a través de donaciones de gobiernos, individuos u organismos extranjeros. La Iniciativa Global Clinton, un foro internacional anual, tendría este año su última edición si Hillary vuelve a mudarse a la Casa Blanca.
Desde el campo republicano no dudaron en aprovechar las novedades para correr el eje del debate hacia la figura de Clinton. “Es uno de los escándalos más grandes de la historia de la política de este país”, reaccionó Trump a través de las redes sociales, intentando capitalizar el golpe contra su rival. “Las acciones de Hillary Clinton constituyen todos los elementos de una empresa criminal de porte: ella creó un servidor de emails privado para ocultar sus acuerdos corruptos”, aseguró el magnate, que solicitó el lunes una investigación especial por parte del gobierno federal sobre este caso.

sábado, 27 de agosto de 2016

"Nace una estrella"

 

Nace una estrella

Por Jorge Arguello



Con su facilidad para etiquetar, a los medios masivos les costó muy poco resumir todo lo que supone la candidatura presidencial del millonario Donald J. Trump en un solo término: el “trumpismo”.
La definición se debate intensamente en Estados Unidos. Hay quienes creen que el Fenómeno Trump acabará en noviembre con una sonada derrota ante Hillary Clinton. Otros, en cambio, vislumbran el nacimiento de un nuevo movimiento político que desafíe en adelante a republicanos y demócratas.
El trumpismo emergió de la debacle del Partido Republicano, que quedó atrapado en una lógica política de extremismo y de obstruccionismo opositor que le hizo perder su propio rumbo ideológico conservador y le pavimentó el camino al prepotente e intolerante estilo de Trump.
Pero apenas hecho candidato republicano, en julio pasado, Trump quedó envuelto en el caos de su campaña personalista y se hundió en las encuestas. En pocas semanas, terminó especulando él mismo con su derrota y hasta con su retiro de la política después de noviembre.
Ese debut pareció confirmar al trumpismo como una experiencia fugaz, sin un programa coherente y reducida a un líder mediático e ignorante. Un humorista neoyorquino ficcionó una escena en la que Trump, viéndose ganador de las primarias, preguntaba a un asesor: “Y ahora, ¿qué hacemos?”.
Pero Trump movió fichas e incorporó como estratega principal a Steve Bannon, un ejecutivo de medios ultraconservador que lo apoyó desde el inicio y que sueña con recrear las experiencias nacionalistas europeas.
Esa reafirmación ideológica de la cúpula trumpista explica que el magnate se haya definido como el “candidato Brexit”: fue Bannon quien le presentó al líder del independentismo británico, Nigel Farage (UKIP), hace un año, cuando nadie creía tampoco que el Reino Unido abandonara la UE.
El escándalo más reciente del trumpismo confirmó esa tendencia: el jefe de la campaña, Paul Manafort, renunció la semana pasada cuando se supo que había asesorado al ex gobierno ucraniano pro-ruso y antieuropeo respaldado por el referente internacional de Trump: Vladimir Putin.
Corriente subterránea
Para despejar la incógnita que encierran estos vaivenes de Trump, conviene analizar lo que subyace en el fenómeno que tomó por asalto el Partido Republicano, yendo más allá del movimiento Tea Party.
Las encuestas describen al núcleo duro del trumpismo como blancos de clase media baja o baja, la mayoría hombres y de escasa calificación académica y laboral; atemorizados por la globalización y una modernización que les quita empleos; resentidos con la competencia de minorías como la latina; enojados con el establishment político de Washington; dados a buscar chivos expiatorios y desinteresados por la suerte del resto del mundo.
Las bravatas de Trump contra mexicanos y musulmanes concentraron la mayor atención pública en la xenofobia de sus seguidores. Sin embargo, hay otros factores asociados que alimentan el trumpismo. Uno de ellos es la desigualdad económica (una minoría de 10% acumula el 76% de la riqueza).
En el libro White trash (Basura blanca), la investigadora Nancy Isenberg historia la pobreza estructural y desigualdad en Estados Unidos desde el siglo XVII. Según Isenberg, las clases bajas quedaron bien demarcadas en la matriz misma de la nueva sociedad desmintiendo el extendido relato tradicional sobre nobles colonos ingleses sin diferencias sociales, en busca de libertad religiosa.
Ese núcleo social blanco más o menos marginado de la América profunda, geográficamente alejado de las costas, siguió ahí, perpetuándose. Trabajó en los campos sin poseerlos (rednecks o cuellos enrojecidos), lidió después como “white working class” (clase trabajadora blanca) y hoy sobrevive en casas rodantes o, directamente, en la calle.
Los políticos republicanos y demócratas se disputaron su favor durante casi dos siglos. Tras la Depresión de los ’30, el New Deal les tendió la red del estado de bienestar. Pero la desigualdad económica y social, que se aceleró en los ’90, los hizo sentir otra vez ciudadanos de segunda.

Después de Trump

Es cierto: una parte de esos estadounidenses, directamente marginados, pasan de la política y ni siquiera se molestarán en votar en noviembre. Pero el núcleo duro del trumpismo, menos excluido, convirtió ese resentimiento en participación política siguiendo a un líder que les promete revancha.
Los votantes de Trump expresan un profundo rechazo a los cambios culturales y productivos que atraviesa la superpotencia y la esperanza de que su liderazgo los regrese mágicamente a tiempos en que la escala social estaba quieta y ellos ocupaban un mejor lugar, no solo frente a las minorías.
Los trumpistas quieren que su líder les devuelva aquel gran país (“Make America Great Again”) en el que crecieron desde la posguerra hasta el inicio de la globalización, y que lo anteponga a todo (“America First”). El mundo, más que nunca, les resulta una amenaza antes que una oportunidad.
Esto conecta al trumpismo con los movimientos nacionalistas y xenófobos de Europa (en Francia, Austria, Hungría, Alemania y Gran Bretaña). También reedita su desprecio visceral por la clase política tradicional. “Temo que las elecciones de noviembre estén arregladas”, se atajó Trump.
Así, puede perfilarse un movimiento político duradero, con o sin Trump. Una oferta política reaccionaria a los problemas que plantea el capitalismo globalizado que construya un enemigo (hoy los inmigrantes, mañana otro) y se abrace a un liderazgo autoritario como la única solución. Estados Unidos tiene algunos antecedentes similares, pero no tan potentes.
Hasta ahora, el trumpismo pareció un estado de ánimo frente a la crisis, una reacción populista disociada de la larga tradición conservadora. Pero el Partido Republicano pudo haber sido apenas su cascarón. Y la Historia ya nos demostró que, dadas las mismas condiciones, eso basta como punto de partida de fenómenos políticos más complejos. Y más riesgosos.


Interesante artículo de Jon Lee Anderson sobre Henry Kissinger, a propósito de los documentos recientemente desclasificados sobre su apoyo a la última dictadura argentina

Henry_Kissinger

 

Henry Kissinger: ¿Tendrá conciencia?


Documentos recientemente revelados sobre el papel desempeñado por Henry Kissinger durante la Guerra Sucia Argentina.

Cuando en marzo pasado el Presidente Obama viajó a la Argentina para reunirse con el nuevo Presidente, Mauricio Macri, todas sus apariciones públicas fueron tenazmente protestadas por grupos anti-norteamericanos que ruidosamente exigían explicaciones y solicitudes de disculpas de parte de los EEUU por sus políticas, pasadas y presentes. Son pocos los países del mundo occidental donde el antiamericanismo se expresa tan fuerte como en la Argentina, país en el cual existe una cultura tan politizada en la cual todos los problemas por los que atraviesa el país son producto, según dicen ellos, de los EEUU. Especialmente del lado de la izquierda, hay un resentimiento persistente por el apoyo que le dio el gobierno de los EEUU a los militares de derecha de la Argentina cuando estos tomaron el poder en marzo de 1976 y lanzaron una “Guerra Sucia” contra la izquierda que le causó miles de vidas durante los siguientes siete años.
La visita de Obama coincidió con el cuadragésimo aniversario de aquel golpe militar. Y se preocupó por rendirle homenaje a las víctimas de aquella “Guerra Sucia” al visitar el mural construido en su honor en las cercanías de Buenos Aires. En el mensaje que ofreció en dicho monumento, Obama reconoció lo que los norteamericanos caracterizan como “pecados de omisión”, pero evitó ofrecer una disculpa clara. “Las democracias deben tener el coraje suficiente como para reconocer cuando no somos capaces de exteriorizar en nuestra forma de vida todo lo que realmente defendemos. Y debo reconocer que estuvimos muy lentos en salir a hablar en defensa de los derechos humanos, porque esto es lo que realmente sucedió en este caso.”
Previo al inicio del viaje de Obama, Susan Rice, asesora del Presidente en materia de seguridad nacional, había anunciado que era la intención de la Administración Obama desclasificar miles de documentos en poder de las FFAA de los EEUU y su inteligencia relacionados con el tumultuoso período de la Argentina. Esto fue indudablemente un gesto de buena voluntad por parte de Obama en su esfuerzo por modificar la dinámica de las relaciones de los EEUU con América Latina -como expresó durante su visita a la Habana que realizó en ese mismo viaje: “enterrar para siempre los últimos vestigios de aquella Guerra Fría”.
Es así que la semana pasada se un primer lote de documentos desclasificados. Dichos documentos revelaron que la Casa Blanca y oficiales del Departamento de Estado de los EEUU estaban absolutamente informados de la naturaleza sangrienta aplicada por los militares de la Argentina, y que además muchos de los que se enteraron de todo esto se habían horrorizado. Mientras que otros, sobre todo en el caso de Henry Kissinger, no los sorprendió. Es así que en 1978 en un cable enviado por el Embajador en los EEUU, Raúl Castro, mencionó una visita de Kissinger a Buenos Aires, en calidad de invitado del dictador Jorge Rafael Videla para presenciar la Copa Mundial de Fútbol. En dicho cable Castro escribió: “Mi principal preocupación es que Kissinger repitió varias veces su satisfacción por la acción desarrollada por la Argentina en pro de aniquilar el terrorismo y que este reconocimiento tal vez haya calado muy profundamente en el pensamiento de quienes lo habían invitado”. Y además el Embajador Castro agregó, con cierto temor, “Existiría un cierto grado de peligro de que los Argentinos puedan utilizar estas declaraciones laudatorias emitidas por Kissinger como justificativo para endurecer aún más su posición con respecto a los derechos humanos”.
Las últimas revelaciones componen un retrato de Kissinger que lo mostraría como un implacable animador, o más bien un activo conspirador de los regímenes militares latinoamericanos que participaban en crímenes de guerra. Conforme con la evidencia que surge de las primeras desclasificaciones de documentos entregada durante la Administración
Clinton, a Kissinger se lo mostraba no ya como un sujeto que estaba al tanto de todo lo que hacían los militares sino que los apoyaba activamente. Dos días después del golpe argentino, Kissinger fue puesto sobre aviso por su Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, William Rogers, quien le advirtió: “Pienso que tendremos que esperar un grado de represión bastante alto, probablemente una gran cantidad de derramamiento de sangre en la Argentina dentro de muy poco tiempo. Pienso que van a aplicar mano muy dura no ya para con los terroristas sino también con los disidentes gremiales y partidos políticos”. A lo que Kissinger le contestó: “Entonces tendremos que apoyarlos en todas las posibilidades con que cuenten… porque realmente los quiero apoyar. No deseo aparecer como que los EEUU los estén acosando…”
Bajo la dirección de Kissinger, es indudable que ellos no fueron acosados. Inmediatamente después del golpe, Kissinger le hizo llegar a los generales su apoyo y además, reforzó su mensaje emitiendo un paquete de asistencia de los EEUU en materia de seguridad. Dos meses más tarde, durante una reunión con el ministro de RREE de Argentina, Kissinger le recomendó -guiño de ojo mediante- según un memorándum que escribió respecto a esta conversación, “Nosotros sabemos que Uds. están atravesando por un período difícil. Resulta un tiempo curioso toda vez que se juntan actividades terroristas, criminales y políticas, sin una separación clara entre sí. Comprendemos que deben ustedes adoptar una posición de autoridad bien clara… Si existiesen cosas que deben ser hechas, deberán ustedes hacerla rápidamente.”
Las fuerzas militares de la Argentina habían lanzado su golpe para poder ampliar e institucionalizar una guerra que ya se había declarado contra las guerrillas de izquierda y sus simpatizantes. La campaña iniciada se llamó Proceso de Reorganización Nacional, o simplemente “el proceso”. Durante esta Guerra Sucia, como fue dada en llamarse, tanto como unas treinta mil personas fueron secuestradas en secreto, torturadas y ejecutadas por las fuerzas de seguridad. Cientos de sospechosos fueron sepultados anónimamente en sepulturas sin identificar, mientras varios miles fueron drogados, desnudados, cargados en aviones militares y arrojados al mar desde el aire cuando aun estaban con vida. El término de “los desparecidos” fue uno de los tantos adjetivos con los que Argentina contribuyó al léxico global.
A la fecha del golpe militar, Gerald Ford había asumido como presidente interino de los EEUU, y Henry Kissinger ocupaba dos cargos: el de Secretario de Estado y Consejero de Seguridad Nacional, como lo había sido durante la presidencia de Nixon. Inmediatamente después del golpe, por recomendación de Kissinger, el Congreso de EEUU aprobó una solicitud de 50 millones de dólares de ayuda en seguridad para la junta militar; esta cantidad fue, además, reforzada hacia fines de es año por otros treinta millones de dólares. También se aprobaron ventas por valor de cientos de millones de dólares para la compra de aviones y programas de entrenamiento militar. En 1978,apenas un año después de iniciada la presidencia de Jimmy Carter, la creciente preocupación por la violación de los derechos humanos logró que se pusiera fin a la ayuda de los EEUU. De ahí en más, la nueva Administración norteamericana buscó todas las formas para poner fin a la ayuda financiera internacional que se le estuvo brindando a la Junta. A comienzos de 1981,con la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca, sin embargo, se levantaron las restricciones previas.
De hecho, no se han producido ningún tipo de consecuencias legales par Kissinger por sus actividades en Chile, donde unas tres mil personas fueron asesinadas por lo matones de Pinochet, como tampoco por los asesinatos en Vietnam y Camboya, donde Kissinger fue el responsable de haber ordenado los bombardeos masivos en gran escala que costaron las vidas de incontables civiles. Uno de los más archicríticos de Kissinger, Christopher Hitchens, redacto en 2001 una pedido de procesamiento contra Kissinger, tan largo como un libro, en el cual solicitaba que Henry Kissinger “fuese llevado a juicio por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y por ofensas contra las leyes comunes y/o leyes internacionales, incluyendo la de conspiración para cometer asesinatos, secuestros y torturas”.
Mientras en la Argentina se desarrollaba la Guerra Sucia, por supuesto que los generales negaban absolutamente todos los rumores de los sucesos. Cuando se los cuestionaba sobre los “desaparecidos” el jefe del golpe, General Videla, siempre respondía con una vaguedad escalofriante: “Los desaparecidos, son simplemente eso: desaparecidos. No están ni vivos ni muertos. Están desaparecidos”. Pero había otros militares que simplemente daban a entender que las personas desaparecidas muy probablemente estaban escondidos, ocupados en realizar actividades terroristas. En realidad, la gran mayoría de ellos estaban siendo torturados en prisiones secretas regenteadas por empleados a sueldo de los militares, para después, con gran frecuencia, ser ejecutados. Tal como sucedió en Alemania durante el Holocausto, la mayoría de los Argentinos comprendieron lo que estaba sucediendo, pero guardaron silencio, ya sea porque los guió una especie de espíritu de complicidad, o por temor. Se impuso de esta manera una frase adoptada por los Argentinos que fueron testigo de vecinos arrastrados fuera de sus hogares por hombres de civil, que jamás regresarían: “Algo habrán hecho -seguro que hicieron algo” fue la frase que se acuñó y repitió invariablemente.
Son reiteradas las evidencias que hemos analizado respecto de la sangre fría demostrada por Kissinger. Parte de ella ha sido calificada como de una inexplicable como también chocante cualidad. En muchas de las opiniones de Kissinger se nota un machismo fanfarrón. Quizá podría ser explicado si a él nunca se le hubiese permitido ejercer poder, como -hasta ahora- muestra el candidato presidencial Donald Trump, gratuitamente ofensivo. Somos conscientes que Kissinger es entre los parias el que más tiempo ha perdurado y más icónico en la historia moderna de los Estados Unidos de entre una larga lista de hombres que inspiraron el miedo y el desprecio por la inmoralidad en sus servicios prestados, que sin embargo han sido protegidos por el establishment político. Nos vienen a la memoria nombres como el de William Tecumseh Sherman, Curtis LeMay, Robert McNamara y -más recientemente- Donald Rumsfeld.
En el notable documental de Errol Morris de 2003, “Las Nieblas de las Guerras”, tuvimos la ocasión de ver a un McNamara, ya octogenario hombre atormentado que intentaba -sin éxito- superar la enorme y pesada mochila que acarreaba en su conciencia por sus acciones como secretario de defensa de los EEUU durante la guerra de Vietnam. McNamara había escrito recientemente sus memorias en las que intentó hacerlas pasar como su legado. Por entonces un periodista de nombre Stephen Talbot entrevistó a McNamara y posteriormente también se aseguró una entrevista con Kissinger. Posteriormente a su primera entrevista con Kissinger, Talbor escribió: “Le dije que recientemente lo había entrevistado a Robert McNamara en Washington, y de este modo logré que me prestase atención. Cesó en su intento de fastidiarme y pasó a hacer algo realmente extraordinario. Comenzó a lloriquear. Pero no, no eran lágrimas verdaderas. Y ante mis ojos, Henry Kissinger estaba actuando. “buaahh, buaahh”, comenzó Kissinger a pretender estar llorando y restregándose sus ojos. Para inmediatamente espetarme ‘seguramente comenzó a golpearse el pecho, verdad? Todavía sintiéndose culpable!
Sus palabras eran burlonas, expresándose en una voz simulando un canturreo y señalándose el corazón como para ponerle mayor énfasis”.
McNamara falleció en 2009, a la misma edad que tiene hoy Kissinger -noventa y tres años- aunque su tardía lucha pública con su conciencia le ayudó a alivianar en parte su oscura reputación. Ahora, cuando su vida está llegando a su fin, Kissinger seguramente estará preguntándose sobre cual habrá de ser su legado. Como mínimo calculará que su indiscutible apoyo al proyecto Americano para imponer al país como una súper-potencia, sin importar el costo en vidas humanas, ocupará gran parte de su legado. A diferencia de McNamara, cuyo intento por obtener un reconocimiento moral, algo que Kissinger despreciaba, Kissinger en modo alguno ha demostrado tener nada que se pueda parecer a “conciencia”. Y es precisamente por este motivo que, es muy posible que la historia llegue -algún día- a absolverlo, por lo menos con facilidad.

Jon Lee Anderson

* El autor de esta nota, Jon Lee Anderson, forma parte del equipo de columnistas de The New Yorker desde 1998.

* Traducción de Irene Stancanelli para el Informador Público.

No al golpe en Brasil! Lunes 29/8, 17.30 hs, Acto frente a la Embajada en Buenos Aires (Cerrito 1350)


Entrevista al canciller golpista José Serra. Ataque a Venezuela, crisis del Mercosur y visita de Temer a la Argentina

José Serra: "La confirmación de Temer generará un impacto psicológico"

El canciller brasileño confía en que la destitución de Dilma le dé un impulso al gobierno; ratificó un viaje a la Argentina.



BRASILIA.- Como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno interino de Michel Temer, José Serra no ve la hora de que termine el proceso de impeachment a la suspendida presidenta Dilma Rousseff y Brasil pueda dar vuelta la página para enfocarse en recobrar la confianza del mundo como lugar atractivo para invertir y así reactivar su maltrecha economía.

En una entrevista con LA NACION, el canciller brasileño opinó que la confirmación de Temer como presidente efectivo hasta fines de 2018 tendrá "un impacto psicológico" en el país, y ratificó que el jefe de Estado emprenderá de inmediato una serie de viajes al exterior, entre ellos a la Argentina.

"Los Juegos Olímpicos de Río tuvieron un doble efecto positivo. Fue un buen evento deportivo y, además, contrarió las expectativas negativas, que fueron muy fuertes, incluso en Brasil. Esos dos factores mejoraron la autoestima del país", señaló Serra, de 74 años, durante un encuentro en su gabinete del Palacio de Itamaraty.


-¿Qué hará el gobierno para rebatir las críticas que denuncian que el impeachment es un golpe parlamentario?


-No ha sido un golpe parlamentario. Todo fue supervisado por el Supremo Tribunal Federal y, como se puede constatar, el proceso democrático está vigente. Son críticas que poco a poco se irán diluyendo, ya está ocurriendo, y desde el punto de vista externo será encarado como un proceso normal.

-Pero hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo cuestionamientos al gobierno de Temer?

-El Congreso ya le contestó y le dio las explicaciones. El impeachment es un proceso del Congreso. El Poder Ejecutivo no tuvo ninguna influencia. No creo que la demanda ante la CIDH tenga futuro, es más una maniobra política. El PT está haciendo política, da la pelea. Pero yo creo que, en el fondo, la mayoría de los petistas está feliz con la solución por tres cuestiones: al final del día no tienen que explicar y defender las contradicciones del gobierno Dilma. Segundo, ahora pueden hacerse las víctimas, y eso en política es ideal, da votos. Y tercero, ahora están libres de apostar a una política de cuanto peor, mejor, sin cargo de conciencia, con sus propuestas populistas. Para ellos es un alivio.

-Con su historia de militancia en la izquierda y exiliado durante la dictadura, ¿qué siente cuando lo ubican como un representante de la derecha y lo acusan de golpista?

-Lo veo como una broma. Lejos de ser arrogante, puedo hacer disputa de currículum político con cualquiera. No soy mejor que los demás, pero tampoco peor que nadie en esa materia.

-¿Temer emprenderá una gira por el exterior no bien asuma como presidente efectivo?

-Sí. La próxima semana viajará a China para la cumbre del G-20, en Hangzhou. Después irá a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU. También ya está fijada la fecha para una visita a la Argentina, el 3 de octubre.

-¿Piensa que el gobierno Temer va a salir del impeachment con mayor envión, con más optimismo?

-Ya hay un cierto optimismo, no exagerado, pero ahí está. Después del impeachment, la votación ya será algo que quede atrás. Mientras no se vote, siempre habrá algo pendiente: que Temer es un presidente interino. Después ya será un presidente titular, lo que sin dudas generará un impacto psicológico.

-¿El Mercosur atraviesa hoy su peor crisis?

-El Mercosur está sufriendo los efectos de la crisis económica. Brasil tuvo la contracción económica más fuerte de su historia reciente y eso se refleja en importar menos, en devaluar el real exageradamente, y todo eso perturba el comercio exterior con nuestros socios.

-¿Me refería a la crisis política generada por la acefalía en el bloque debido a las críticas de la Argentina, Brasil y Paraguay a Venezuela, que debía asumir la presidencia pro tempore?

Desde el punto de vista político, es una tensión más que una crisis. Es consecuencia de la manera absurda en que fue la admisión de Venezuela en el bloque. En 2012 se suspendió a Paraguay alegando la cláusula democrática, que en verdad no se aplicaba porque el cambio del presidente [Fernando Lugo] siguió rigurosamente la Constitución. Y como Paraguay era el que se oponía a la entrada de Venezuela, se aprovechó ese momento para admitir a Venezuela en el Mercosur. Hoy, estamos pagando el precio de esa maniobra. Venezuela ni siquiera cumplió con todas las normas de adhesión. Políticamente, tampoco estaría en condiciones de asumir la presidencia del bloque. Podríamos haber planeado la cuestión de la cláusula democrática. No lo hicimos porque se tardaría más tiempo, pero se podría plantear en el futuro.

-¿Entonces, para usted, el gobierno de Nicolás Maduro no es democrático?

-Ningún gobierno que tenga presos políticos es democrático. Puede haber políticos presos, pero no presos políticos; eso es algo diferente.

-¿Cree que el gobierno de Maduro terminará antes de que se llegue a discutir dentro del Mercosur el tema de la cláusula democrática?

-No sé. Que el régimen va a caer, va a caer, pero es muy difícil prever cuándo y de qué manera. Espero que sea de una forma pacífica y que haya algún entendimiento alrededor de eso. La no celebración del plebiscito revocatorio en Venezuela significa un golpe. No se está cumpliendo la Constitución que el propio chavismo aprobó.

-¿Cuál sería la solución a la cuestión de la presidencia pro tempore?

-La idea inicial era que la rotación prosiguiera y asumiera la Argentina, por orden alfabético. Creo que [Mauricio] Macri lo haría muy bien porque en cierto modo es un político heterodoxo. Buscaría impulsar soluciones innovadoras a los problemas que están hace tiempo; sería excelente que pudiera asumir ahora y no esperar hasta enero. El plan B sería una comisión colegiada, que es lo más probable que ocurra. En el Mercosur hay muchas cosas por hacer; tenemos que tener una mentalidad reformista.

viernes, 26 de agosto de 2016

Novedad editorial: Revista Densidades 19


Revista Densidades N. 19

Sumario Densidades n°19

agosto 2016

A modo de presentación / p. 7-8

As relações da América Latina com a China em un novo cotexto mundial, Marcos Costa Lima y Joyce Helena Ferreria da Silva / p. -11-32

Las medidas no arancelarias en la letra y la jurisprudencia de la Unión Europea y del MERCOSUR, Alejandra P. Díaz, Sandra C. Negro y Florencia J. Reissing / p. 33-45

De “normalidades”: Mentalidades, economía y poder. Notas críticas sobre la inserción de Argentina en el mundo, Tomás Bontempo / p. 47-65

Juan Bautista Alberdi y el Brasil, Aritz Recalde / p. 67-85

Las relaciones exteriores de México durante los gobiernos panistas. Fox (2000-2006) y Calderón (2006-2012), Ignacio García Marín / p. 87-104

Desarrollo, resultados y retos del espacio América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE), Erick Hernández Benítez / p. 105-115

SECCIONES

DEBATES: A 25 años del MERCOSUR, Félix Peña, Sandra Negro, Alejandro Perotti y Santiago Deluca / p. 119 -154

DEBATES: Em defesa de uma política externa ativa e altiva, Celso Amorim / p. 155 -167

DOCUMENTOS: Declaración de la CELAC acerca de la Protección de Migrantes en la América Latina y el Caribe, Quito, 27 de enero 2016 / p. 169-170

DOCUMENTOS: Declaración XX Cumbre Social del MERCOSUR, Montevideo, 1 de julio de 2016 / p. 171-176

PRÓXIMO NÚMERO 20
diciembre 2016
fecha limite de recepción de trabajos: 21 de noviembre de 2016

- el número 19 de la Revista Densidades se puede leer acá

"América Latina y el poder corporativo. Una crítica a los compromisos asumidos en materia de inversiones extranjeras"


América Latina y el poder corporativo / Una crítica a los compromisos asumidos en materia de inversiones extranjeras

 

América Latina y el poder corporativo. Una crítica a los compromisos asumidos en materia de inversiones extranjeras

Revista Nueva Sociedad
Agosto 2016 
 
 
Los tratados de libre comercio han acabado con numerosas funciones estatales y han beneficiado a empresas transnacionales cuyo respeto por los derechos humanos se encuentra en discusión

Durante los últimos treinta años, hemos visto una tendencia creciente de los Estados a adoptar compromisos que garantizan el libre movimiento del capital. Dicha tendencia se plasma hoy en la existencia de más de 250 Tratados de Libre Comercio (TLC), y más de 3.000 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). En la actualidad, libre comercio es sinónimo de una extensa agenda de acuerdos donde se le otorgan amplios derechos a las corporaciones que tienen potencial para exportar capital, mientras se reconfiguran las funciones de los Estados.
La proliferación de TLC Y TBI especialmente desde los años noventa estuvo asociada a dos grandes promesas: 1) que los tratados generarían el desarrollo, ya que se basan sobre la premisa de que el aumento del comercio provoca el crecimiento económico, incrementando el bienestar general; 2) que la “seguridad jurídica” otorgada traería un aumento de las inversiones extranjeras. Sin embargo, más de veinte años después de la firma masiva de TLC y TBI, las promesas no se han cumplido. La liberalización comercial ha avanzado sin freno, pero eso no se ha traducido en un aumento d el bienestar para los pueblos.
América Latina no quedó exenta de las promesas incumplidas. Los capitales extranjeros llegaron a la región, pero no siempre en el formato de inversiones de tipo greenfield, es decir, en la instalación de fábricas y nuevas inversiones que generan empleo y tienen efecto multiplicador sobre las economías. En ciertos casos como Argentina, las inversiones que llegaron fueron esencialmente Mergers & Acquisitions, capitales que vinieron a hacerse cargo de los servicios públicos privatizados en los años noventa, gozando de todas las protecciones de los TBI firmados por Argentina con sus países de origen.
Hoy numerosos estudios muestran que no existe una relación causal entre la firma de TBI y el aumento del flujo de inversiones hacia los países firmantes. Se ha demostrado que los inversores han mirado otras cuestiones más relevantes que la existencia de TBI, como el tamaño de la economía, el desarrollo del mercado interno, el precio de la mano de obra, etc. Esencialmente, la capacidad de generar ganancia en el país receptor. Esto hace que los instrumentos firmados por los países puedan ser cuestionados, ya que se cedió soberanía a cambio de un beneficio que nunca llegó.
Los tratados no provocaron la llegada de inversiones, pero sí tejieron una red de protección legal para los capitales extranjeros que se cristaliza esencialmente en el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado (ISDS por su sigla en inglés). Esto permite a las empresas transnacionales recurrir a la “justicia internacional”, que es privada y está fuera de los territorios nacionales, frente a cualquier medida de los Estados que consideren expropiatoria. Los argumentos de las corporaciones suelen ser la violación de cláusulas incluidas en los tratados, como las de Trato Nacional (de los capitales extranjeros frente a los nacionales), Trato Justo y Equitativo (que no se discriminará ni regulará de ningún modo las inversiones), y el de Expropiación Indirecta (sobre las ganancias esperadas, aún no realizadas, de las empresas).
Las demandas ISDS se han multiplicado en las últimas dos décadas: de un total de 6 casos conocidos bajo tratados en 1995, a 696 casos conocidos hoy en día, en su mayoría presentados en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones). Solamente en el 2015 se entablaron 70 nuevos casos de demandas inversor – Estado en base a TBI. En el caso de los países latinoamericanos, estos representaban en 2015 cerca del 35% de las demandas en el CIADI, de los cuales Argentina, México, Ecuador y Venezuela han sido los más demandados. Muchas de las demandas contra países latinoamericanos han sido presentadas a partir de la implementación de regulaciones en favor del interés público o del medioambiente, lo cual muestra el efecto nocivo (chilling effect) que tiene el sistema de protección de las inversiones y el arbitraje internacional sobre las legislaciones nacionales.
Gran parte de las demandas han detonado en uno de los sectores económicos donde se concentran las inversiones extranjeras: el sector extractivo, como el petrolero y el minero. En el sector petrolero, el país más afectado ha sido Ecuador, que está siendo obligado a pagar 1,000 millones de dólares más intereses a la petrolera estadounidense Occidental Petroleum (Oxy) por haber cancelado un contrato de operaciones en 2006. El mismo país también ha sido sentenciado a pagar 700 millones de dólares a la también estadounidense Chevron, empresa que fue demandada por las comunidades locales por el daño ambiental causado en la zona amazónica a partir de explotaciones petroleras descontroladas. Chevron no sólo desconoció el fallo de la justicia nacional en su contra, sino que llevó al Ecuador al arbitraje internacional debido a la rescisión de su contrato.

Por otra parte, el sector minero es uno de los más candentes en la actualidad. Diversas empresas extranjeras han presentado demandas contra los Estados debido a la rescisión de los contratos o la denegación de permisos de explotación de las minas. Por ejemplo, la empresa norteamericana Dominion Minerals ha demandado a Panamá por 268 millones de dólares por el retiro de una concesión para la explotación minera debido al rechazo de su operación por parte de grupos indígenas y por razones de protección del medio ambiente. Lo mismo sucedió con la minera canadiense Bear Creek, que demandó al Perú por 1,200 millones de dólares, debido a que en 2011 el Estado le rescindió el contrato para operar el Proyecto minero de Santa Ana, tras la realización de protestas para la protección del medio ambiente que desembocaron en el asesinato de varios manifestantes. Actualmente, también Colombia enfrenta la amenaza de nuevas demandas por tres empresas mineras: Eco Oro Minerals y Cosigo Resources (Canadá), y Tobie Mining and Energy Inc. (EEUU), debido a la denegación de permisos de explotación tras las protestas generadas por la población indígena y organizaciones ambientalistas.
Pero las demandas no llegan sólo contra los países de del Sur: amparada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por su sigla en inglés), la empresa estadounidense Lone Pine ha demandado a Canadá por 118 millones de dólares por una moratoria preventiva contra el fracking promulgada por la provincia de Quebec; del mismo modo, la empresa canadiense TransCanada ha notificado que demandará a Estados Unidos por 15 mil millones de dólares por la decisión del presidente Barack Obama de rechazar la construcción del oleoducto Keystone XL, que uniría las arenas bituminosas de Canadá con el territorio norteamericano. Este proyecto fue muy cuestionado por sus impactos ambientales, por lo cual finalmente el gobierno decidió frenar el proyecto. A estas demandas se suman otras presentadas contra países europeos, que muestran que no se trata sólo de una lógica Norte-Sur, sino que las empresas utilizan el mecanismo ISDS contra cualquier Estado que modifique su ganancia real o esperada.

Hay que resaltar que en el sistema de arbitraje los Estados siempre pierden, ya que aun cuando no sean condenados a compensar al inversor, las demandas les cuestan millones de dólares en gastos de defensa y de proceso. Perú lleva gastados USD 53 millones en la contratación de dos estudios de abogados estadounidenses para su defensa en las cuatro demandas a las que está siendo sometido; Ecuador gastó más de 100 millones de dólares en su defensa y en los gastos del arbitraje; por su parte, El Salvador ha gastado más de 12 millones de dólares sólo para defenderse de la minera Pacific Rim. Por otra parte, en los casos donde sí se ha fallado en contra del Estado, las demandas representan montos gigantes que se convierten en nuevos mecanismos de deuda externa. El anuncio del gobierno argentino de que ha avanzado en el pago de nueve demandas de empresas en el CIADI con bonos pagaderos al año 2024 es una muestra de esto.
Por lo tanto, es urgente que se desmantele el poder de las corporaciones trasnacionales. Esto implica, en primer lugar, la revisión de los compromisos asumidos por los Estados en materia de protección de las inversiones, lo cual conlleva la denuncia de los actuales tratados y el rechazo del mecanismo de solución de controversias inversor – Estado. Como señalamos, las promesas que traían los tratados no fueron cumplidas, y existen sobradas pruebas de los efectos nocivos que éstos han tenido sobre las regulaciones en beneficio del interés general y la protección del medio ambiente. A nivel global varios países han comenzado la revisión de sus tratados de inversión como Sudáfrica, Indonesia, Australia, Italia, Eslovaquia y la India. Asimismo, Bolivia, Ecuador y Venezuela salieron del CIADI y comenzaron un proceso de denuncia de algunos de sus TBI. No obstante esto, continuaron recibiendo demandas de inversionistas que se ampararon en las cláusulas de remanencia (de hasta 15 años) de los tratados de inversión.
En segundo lugar, es importante pugnar por la generación de mecanismos de control del poder corporativo a nivel global. Actualmente está en discusión en el marco de las Naciones Unidas la generación de un código internacional vinculante para las empresas transnacionales que las obligue a respetar los derechos humanos y dote a los afectados y a los Estados de los mecanismos e instituciones para hacerlo valer. Esta necesidad de regular el poder corporativo ya no sólo es planteada desde los movimientos sociales, sino por diversos gobiernos y parlamentos e incluso organismos internacionales.

"El Mercosur a la deriva"


                    El Mercosur a la deriva


Por Leandro Morgenfeld
(UBA-CONICET)

Revista Bordes
26 de agosto de 2016

Tras dos décadas y media de existencia, y múltiples idas y vueltas, el Mercosur está a la deriva. Su origen se remonta a los años de transición luego de las dictaduras militares. Desde la aproximación entre el presidente argentino Raúl Alfonsín y el brasileño José Sarney, se reflotaron los viejos anhelos sudamericanos de integración y se firmó, en noviembre de 1985, la “Declaración de Iguazú”, que sería la piedra fundamental del Mercosur. Luego se avanzó a través de distintos acuerdos hasta que, en marzo de 1991, los mandatarios de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay firmaron el Tratado de Asunción.
A pesar de su potencialidad, varios fueron los obstáculos que impidieron la profundización de la integración vía Mercosur: la vulnerabilidad externa de Brasil y Argentina (ambas naciones fuertemente endeudadas y sometidas a constantes incursiones por parte de los fondos especulativos volátiles), las disputas comerciales (en distintos rubros como automotores, “línea blanca”, textiles, arroz, etc.), la política exterior impulsada por el gobierno de Menem, que dejaba en segundo lugar la integración latinoamericana, y una concepción estrechamente comercialista y al servicio de las multinacionales, sin una perspectiva siquiera más amplia del desarrollo en el mediano y largo plazo. Puesto en funcionamiento en los años noventa, cuando predominaba el Consenso de Washington, se enmarcó en el “realismo periférico” y el “regionalismo abierto” y fue presa de las concepciones neoliberales imperantes.
La teoría que sustentó el Mercosur fue de carácter estrictamente comercialista, ya que éste fue concebido como un trampolín para la apertura de una economía exodirigida -focalizada en la producción de commodities para el mercado externo-, en función de los intereses de las fracciones más concentradas de las burguesías locales que abandonaron el viejo modelo de sustitución de importaciones.
Aún en el nuevo contexto latinoamericano del siglo XXI, cuando cambió la correlación de fuerzas políticas en la región, el Mercosur no logró cambiar las bases sobre las que se construyó, ni superar los límites y debilidades iniciales, por lo cual permanentemente se vio sometido a crisis entre sus socios mayores, y también a amenazas de sus socios menores de abandonar el bloque.
Esta realidad muestra las dificultades, por ejemplo, para establecer un “Mercosur social”, promovido por algunas organizaciones populares que entienden que ese bloque puede constituirse en una plataforma para revertir las políticas neoliberales de las últimas décadas.
Pese a haber incorporado nuevos actores a través del Foro Consultivo Económico y Social (FCES) y la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC) -antecedente del actual Parlamento del Mercosur (conocido como Parlasur)-, este bloque no tiene legitimidad social y su desarrollo no provocó hasta ahora una mejora de las condiciones para avanzar en políticas anti-imperialistas, y mucho menos anti-capitalistas. Ni el relanzamiento que plantearon Luiz Inácio Lula da Silva y Néstor Kirchner en 2003, tras firmar el “Consenso de Buenos Aires”, ni la integración de Venezuela en 2012 -que sólo pudo materializarse a partir de la suspensión de Paraguay, cuyo Senado se oponía-, significaron una reversión clara de las tendencias descritas.
El proceso del Mercosur muestra las limitaciones de una concepción de la integración básicamente comercialista y al servicio de los capitales más concentrados de la región. Tampoco logró atemperar las profundas asimetrías entre sus países miembros. Sin embargo, fue una herramienta para derrotar el proyecto del ALCA (el bloque impuso a Estados Unidos las negociaciones conjuntas) y, con la incorporación de Venezuela, y el interés manifiesto de Bolivia y Ecuador por pasar a ser miembros plenos, podría tener un rol distinto en la región. Tuvo una posición contundente al suspender a Paraguay, tras el golpe parlamentario que destituyó a Fernando Lugo, y operó en los hechos como un freno a las tendencias de ciertos sectores que en Paraguay y Uruguay alentaban un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
Sin embargo, el estancamiento y crisis económica que afectan a la región en el último lustro, más la desaparición de Chávez, impulsor de una integración alternativa, de carácter bolivariano, paralizó al bloque y potenció las tendencias centrífugas. El proceso de asociación vía Mercosur debe enfrentar no sólo las presiones balcanizadoras de las potencias (divide y reinarás), sino también las posiciones aperturistas de parte de las clases dominantes locales. En esta línea, Estados Unidos alentó los TLC bilaterales y en febrero de este año logró que tres países latinoamericanos -México, Perú y Chile- firmaran el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (conocido como TPP).



En Brasil, por ejemplo, la caída del superávit comercial en 2013 llevó a los sectores liberales a insistir en la idea de abandonar la asociación con la Argentina y negociar en soledad un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Tabaré Vázquez, tras volver a la presidencia en Uruguay, volvió a manifestarse a favor de un acercamiento a Washington. El nuevo gobierno colorado en Paraguay al principio puso en duda si iba a volver a incorporarse al bloque y pretendió imponerle condiciones. Hoy, con un ensañamiento que parece una venganza, encabeza la ofensiva contra Caracas. La asunción de Macri en la Argentina, que despliega una política exterior antichavista, profundizó el giro político en el bloque. Sumó al país como observador a la Alianza del Pacífico, desestimó organismos regionales  como la UNASUR y la CELAC –en enero faltó a la cumbre anual de mandatarios en Quito, aduciendo un problema en su costilla, cuando horas antes había participado en el Foro Económica de Davos, en Europa-, y pretende que el MERCOSUR sea la vía para concretar prontamente un acuerdo de asociación económica con la Unión Europea (el presidente argentino realizó recientemente una gira por Francia, Bélgica y Alemania para intentar destrabar las negociaciones). La aprobación del impeachment contra Dilma Rousseff en Brasil, y la asunción del interino Michel Temer terminó de consolidar la restauración conservadora regional. El canciller José Serra es un fiel exponente de quienes quieren debilitar o abandonar el MERCOSUR, entre ellos algunos exponentes de la FIESP, la poderosa corporación que reúne a los industriales paulistas.
La actual crisis expone como nunca antes las tensiones del bloque y amenaza con producir una fractura irreversible. El 29 de julio, el gobierno uruguayo, respetando la institucionalidad del bloque, dio por terminada su presidencia pro témpore. Los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay querían evitar que asumiera Caracas y presionaron a Tabaré Vázquez para que extendiera su mandato. Mientras que Paraguay esgrimió argumentos políticos, señalando que como en el país caribeño había presos políticos, eso lo inhabilitaba para estar al frente del Mercosur, el gobierno uruguayo señaló que la única forma de prohibir a Venezuela ejercer su derecho era aplicándole la “Carta Democrática”. La negativa de Montevideo a plegarse al golpe institucional complicó los planes de la derecha regional.
Tras la informal reunión de Cartes, Temer y Macri en Rio de Janeiro, el 5 de agosto, en el marco de la apertura de los Juegos Olímpicos, se cambiaron los argumentos para bloquear a Venezuela: se señaló que Caracas había incumplido con la adecuación a la normativa del bloque, requerida para ser miembro pleno, y que tendría hasta el 12 de agosto para cumplimentarla. La aguerrida canciller venezolana, Delcy Rodriguez, denunció esta maniobra como un intento de golpe al derecho de su país de ejercer la presidencia rotativa del bloque. A través de un comunicado, emitido el 15 de agosto, el gobierno de Maduro señaló que “Venezuela denuncia ante la comunidad internacional la persistencia de estos gobiernos [Paraguay, Brasil y Argentina] en vulnerar los tratados constitutivos del Mercosur, haciendo prevalecer sus preferencias políticas e ideológicas neoliberales sobre los genuinos intereses de los pueblos”. En el mismo, desbarató los argumentos: “Venezuela, en este corto tiempo, no sólo ha incorporado gran parte del compendio normativo del Mercosur a su fuero interno, sino que ha incluso igualado, y en la mayoría de los casos superado, a Estados partes que estando desde el inicio de la fundación del Mercosur no han internalizado todo su acervo normativo”.[I]
Una semana más tarde, el martes 23 de agosto, se reunieron, en Montevideo, sede del Mercosur, representantes de lo que Maduro denominó la “Triple Alianza” neoliberal, para intentar convencer a Uruguay de que participara en una presidencia colegiada del bloque. Uruguay se opone a esta salida y participó, al día siguiente, de la reunión convocada por Venezuela en ejercicio de la presidencia rotativa, a la que también asistió la representación boliviana. El bloque, en los hechos, está fracturado. El viernes 12 de agosto se reunió la Mesa Directiva del Parlasur para intentar salir de la encerrona. Allí su presidente, el ex canciller argentino Jorge Taiana, preguntó: “¿A quiénes les interesa destruir el Mercosur? Lo que está detrás de esto es que algunos están en contra de la integración. Por ejemplo, es obvio que Serra quiere destruir el bloque. Él mismo dijo que el Mercosur tiene que dejar de ser un proyecto de mercado común y que tiene que ser una zona de libre comercio. Si no hay mercado en común se acaba el proyecto en conjunto. No tiene sentido ni siquiera tener un Parlamento de una zona de libre comercio”.[II]
El trasfondo de la puja por la presidencia del bloque es la creciente presión para “flexibilizar” el bloque, eliminando el arancel externo común y permitiendo a cualquiera de sus integrantes que firme acuerdos de libre comercio con miembros externos. Esto es funcional a la ofensiva de Estados Unidos por expandir el TPP -limitando la competencia china y la capacidad de los estados de establecer regulaciones- y de algunos sectores de la Unión Europea, que quieren acceder con mayores facilidades a la región. Además, se quiere aislar a Venezuela, para provocar una caída del chavismo y consolidar la restauración conservadora en todo el continente.
Si bien en los últimos años el Mercosur se vio jalonado por diversas crisis, hoy se encuentra ante un desafío mayor, en tanto su propia supervivencia está en juego. Para superarlo, es preciso evitar que se reimplante la lógica noventista, en la que primaba una visión de la integración limitada a los acuerdos comerciales y orientada por las multinacionales instaladas en la región. Enfrentar las tendencias a establecer acuerdos en función de los intereses de los capitales más concentrados de las grandes potencias requiere desplegar una estrategia que tenga como norte la consolidación de una unión latinoamericana que exceda los acuerdos meramente comerciales y los proyectos enarbolados por las burguesías locales. Las fuerzas populares, en América Latina, se aprestan para resistir la ofensiva imperial, los acuerdos de libre comercio y los ataques contra los derechos e intereses de las clases populares. La suerte del Mercosur dependerá de cómo se resuelva la disputa económica, política, social e ideológica que hoy se despliega en la región.

[I]La Nación, 16 de agosto de 2016.
[II]Página/12, 14 de agosto de 2016.

jueves, 25 de agosto de 2016

Pato quiere ser Donald? Mientras Trump ahora dice que podría "suavizar" su propuesta migratoria, Bullrich creó un centro de detención para migrantes irregulares y propone políticas expulsivas y xenófobas

 

 

El gobierno crea un centro de detención para migrantes

Notas.org.ar

Un inmueble, controlado por la Policía Federal y ubicado en el barrio de Pompeya de la Ciudad de Buenos Aires, alojará a los migrantes irregulares previo a su expulsión del país. La violación del derecho migratorio y las garantías constitucionales.

El pasado 19 de agosto se dio a conocer un comunicado oficial que anunciaba el acuerdo entre Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación; Fernando Ocampo, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MJS); y Horacio García, director Nacional de Migraciones (DNM).
En el mismo se informó la entrega en comodato a la DNM de un inmueble ubicado en Pasaje Colmo N° 3860, destinado “de manera exclusiva al alojamiento de las personas infractoras a la Ley 25.871 [Ley de Migraciones] y su normativa complementaria vigente, en calidad de retenidos”. Además se señaló que de esta forma se buscan “optimizar” las condiciones para “combatir la irregularidad migratoria”.
Según lo anunciado, el documento firmado por las tres partes entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre.
Agostina Hernández Bologna, abogada e integrante del Programa de Migración y Asilo de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) explicó a Notas que la gravedad de la creación de estos centros de detención reside en que “en estos lugares lo que pasa es que no se respetan las garantías correspondientes y tiene un fuerte impacto en lo que significa la criminalización de la migración”.
De acuerdo al análisis de la abogada, estas personas “cometieron una infracción administrativa y se las está deteniendo por eso. No cometieron un delito penal donde corresponda ir a la cárcel”. “Es como que a vos te metan en una prisión por cruzar un semáforo en rojo o estacionar mal el auto”, ejemplificó.
El gobierno crea un centro de detención para migrantes
“Es un retroceso enorme en la política de derechos humanos de los migrantes que teníamos en la Argentina”, sostuvo la especialista. “Ahora las camionetas de Migraciones van a realizar razzias para buscar personas en situación irregular”, sumó.
La abogada explicó que la actual ley migratoria 25.871 permite la “retención” de migrantes y su posible deportación, después de un proceso judicial. “Eso es un gran avance de la legislación argentina. En el resto del mundo, salvo Uruguay, esto lo decide el Poder Ejecutivo”, comentó.
Si bien reconoció que existen detenciones “de hecho” en comisarías y otros lugares, “son arbitrarias e ilegales, no existía en Buenos Aires un centro dedicado exclusivamente a la detención de personas migrantes”, indicó Hernández Bologna.
“El Estado argentino en su legislación se compromete a garantizar el derecho humano a migrar. Para lograr esto hay que garantizar la regularización de esas personas, no la criminalización”, remarcó y aseguró que en la mayoría de los centros de detención del mundo “se vulneran todas las garantías del derecho procesal y penal”.
Regularizar o sancionar
Repasando las políticas migratorias del último tiempo, Pablo Ceriani Cernadas, coordinador del mismo Programa de Migración y Asilo de la UNLa contó a Notas que la política argentina en la materia cambió “radicalmente” desde fines de 2002 cuando Argentina firmó el Acuerdo de Residencia del Mercosur y con la Ley de Migraciones que entra en vigencia en 2004.
Anteriormente a eso, era “muy restrictiva” con una ley que venía desde la Dictadura. De acuerdo al especialista, en los ’90 no era restrictiva “porque la gente no entrara, entraba igual”, el punto era que la dejaban en condiciones de “irregularidad, explotación, vulnerabilidad y discriminación” y que el Estado en vez de regularizar su situación la sancionaba.
El especialista de la UNLa contó que la política de la Unión Europea y Estados Unidos de construir centros de detención, vallas, etc., fue muy criticada por toda Sudamérica en su momento. Y además no redujo la migración irregular. “Sí tuvo efecto en los derechos, porque personas que no son acusadas de ningún delito más que alguna irregularidad administrativa en sus papeles, terminan siendo privadas de su libertad”, analizó.
“Entonces este anuncio es preocupante porque es una marcha atrás de una política de Estado que ha sido tomada como modelo por la ONU, la OEA, la ACNUR y otros organismos”, aseguró Ceriani Cernadas.
Por otro lado, el integrante del Global Detention Project, Michael Flynn también pensó, consultado por Notas, la situación en clave global e indicó que existen actualmente unos dos mil centros de detención de migrantes en el mundo. “Estados Unidos tiene, aproximadamente, la mitad de los migrantes detenidos del mundo. Cada día alrededor de 30 mil personas son apresadas por razones migratorias”, resaltó Flynn. “Hasta hoy en día, esta era la parte del mundo donde no había un sistema de detención sistemático”, expresó.
“Que un país como Argentina cree un centro de detención quiere decir que en el futuro va a haber más detenidos para justificar la existencia de este lugar”, advirtió.
Ceriani Cernadas fue contundente: “La migración irregular no hay que combatirla, hay que resolverla”. Además, aseguró que políticas como la creación de centros de detención reflejan “una falsa vinculación entre migración y delito que ninguna estadística avala”.
“Este tipo de miradas y estas políticas suele generar -esto pasó en casi todas las regiones- efectos negativos. Para la gente en primer lugar y también para los Estados porque la migración trae innumerables aportes positivos para una sociedad. Argentina es una prueba de ello”, planteó

Cambio de paradigma y xenofobia

De acuerdo a Ceriani Cernadas, esta decisión va en sintonía con otras medidas que se tomaron en estos meses como la eliminación de un programa de la Dirección de Migraciones que era de abordaje territorial. “En muchos barrios donde se sabía que había una mayor población migrante se facilitaba la documentación. Es decir personas que tienen el derecho, por pertenecer al Mercosur, de residir acá y por falta de información quizás no se habían regularizado”, explicó.
“Pasamos de ayudar a los migrantes con sus papeles, lo cual mejora sus condiciones de acceder a un trabajo formal, de consumo, de vivienda, a mirarlos como infractores y sospechosos”, puntualizó el especialista en temas migratorios.
“Se alimenta la xenofobia”, aseguró y planteó que se trata de una “criminalización simbólica” que “crea y refuerza todo un imaginario social que tienen sectores de la sociedad que es errado”.
“Es un chivo expiatorio. En vez de hablar de la desocupación, la pobreza, etcétera se le echa la culpa de todo a los inmigrantes”, concluyó el investigador de la UNLa.

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- PETICIÓN "No a la creación de centros de detención de personas migrantes en Argentina": FIRMÁ ACÁ -

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Lo que Trump dijo y lo que ahora dice sobre inmigración

El candidato republicano dice que podría “suavizar” su postura migratoria






El candidato republicano habla a los hispanos en un mitin en Tampa, Florida, el miércoles
Según dijo el miércoles uno de sus hijos y asesores de campaña, Eric Trump, la estrategia migratoria del magnate inmobiliario devenido en político está “evolucionando”. Lo que sí permanece, aseveró en declaraciones a una emisora, es el muro, que también está explicitado en el plan migratorio que publicó hace un año. El resto, estará por ver, previsiblemente en próximos discursos dedicados a este asunto que Trump asentó como uno de los pilares de su campaña. El que había anunciado para este jueves ha sido pospuesto sin nueva fecha, aunque se espera que lo pronuncie la semana próxima. Mientras tanto, esto es lo que ha dicho y lo que ahora dice Trump sobre inmigración.

El muro con México

En junio de 2015, Donald Trump lanzó su candidatura afirmando que México enviaba a través de su frontera “drogas” y “violadores” y anunció por primera vez que construirá un muro en la frontera y hará que “México lo pague”. Hasta ahora, es la única promesa de campaña que mantiene de forma consistente y reitera en casi cualquier comparecencia pública. “100%”, contestó Trump la noche del martes al moderador ultraconservador de la cadena Fox Sean Hannity cuando este le preguntó si seguía manteniendo su plan. Lo reiteró en la segunda parte del programa, emitida el miércoles.  “Nos están matando en la frontera, nos están matando con el comercio, tenemos un déficit comercial con México de casi 60.000 millones de dólares al año. Así que se puede construir un muro”, sostuvo. Un clásico de sus mítines es cuando Trump promete construir el muro y pregunta al público quién lo va a pagar y este exclama “¡México, México!”

Y qué pone en su plan?

La construcción del muro figura de manera destacada en el plan migratorio que Trump publicó hace un año en su web. Es el único programa específico hasta ahora en esta materia del candidato republicano. En el primer punto, bajo la premisa de que “una nación sin fronteras no es una nación”, afirma que “debe haber un muro en la frontera sur” y que “hay que hacer que México pague por el muro”. No dice en ningún momento que haya que hacer lo mismo con la frontera norte con Canadá.

La deportación de los 11 millones de indocumentados en EE UU

¿Cómo se deporta a 11 millones de personas? “Lo haces, lo haces” ¿Va a tener algún tipo de fuerza deportadora? “Vamos a tener una fuerza de deportación. Vamos a hacerlo de forma profesional”. Durante meses, sobre todo hasta el inicio de las primarias republicanas, Trump respondió una y otra vez sin dudar sobre la necesidad de expulsar a los 11 millones de indocumentados que viven en EE UU, incluidas aquellas familias que tienen hijos ciudadanos estadounidenses. “Se tienen que ir”, enfatizó ante las cámaras de forma insistente.




¿Otras propuestas migratorias de Trump


En su plan migratorio, Trump promete acabar con el derecho constitucional de ciudadanía por nacimiento para los bebés de indocumentados, argumentando que “es el mayor imán para la inmigración ilegal”. También reclama que los inmigrantes irregulares que sean aprehendidos en la frontera permanezcan detenidos hasta su deportación —no especifica si esto afectaría también a las decenas de miles de menores centroamericanos y niños acompañados de sus madres que desde hace dos años llegan solos hasta EE UU— y el aumento de las penalizaciones por sobrepasar el tiempo permitido en el visado de entrada.
Su discurso comenzó a cambiar en junio, cuando en una entrevista dijo que “no llamaría deportación masiva” a sus planes y que sus políticas al respecto tendrán “corazón”. Ahora, ha admitido que está abierto a “suavizar” las leyes. “Ciertamente pueden suavizarse, porque no pretendemos hacer daño a nadie", respondió Trump el martes a la pregunta de si estaría dispuesto a modificar su postura ante inmigrantes que llevan años en el país y cumplen las leyes o a los que han educado a hijos estadounidenses. “Tenemos algunas personas estupendas en este país”, agregó el candidato que ha demonizado durante casi un año a los indocumentados. Según adelantó, tomará “muy pronto” una “decisión” definitiva sobre las deportaciones. El miércoles, Trump negó que lo que se está planteando ahora sea una “amnistía”, aunque es como lo calificó cuando sus rivales en las primarias proponían también una vía para las personas que “llevan 20 años en el país y pagan sus impuestos” y como ha llamado las políticas de los demócratas en el mismo sentido.

¿Qué dice de las deportaciones su plan?

En el plan migratorio publicado, Trump no hace referencia alguna a la deportación de todos los indocumentados. Solo reclama, como sigue argumentando ahora, que hay que echar “a los malos”. De hecho, en todo su programa solo aparece una vez la palabra “deportación”, cuando afirma que “todos los inmigrantes ilegales que pertenezcan a bandas (criminales) deberían ser detenidos y deportados”. También promete la devolución forzada a sus países de “todos los inmigrantes criminales”, es decir, que hayan sido condenados en EE UU por un delito grave, una política que ya implementa el Gobierno de Barack Obama.
En su plan, Trump también promete acabar con la financiación de las denominadas “ciudades santuario”, aquellas urbes que se niegan a dar información sobre inmigrantes irregulares si no tienen antecedentes criminales graves. En julio del año pasado, una mujer murió por un disparo fortuito cuando paseaba por San Francisco. Horas después fue detenido un mexicano sin papeles y que había sido deportado cinco veces como autor del fatal disparo. Trump utilizó este hecho para reiterar su política contra indocumentados y las ciudades santuario y, desde entonces, ha invitado reiteradas veces a sus discursos a familiares de otras personas fallecidas a manos de un inmigrante indocumentado, como volvió a hacer esta semana.

"Golpe en Brasil. Genealogía de una farsa". Lectura fundamental de la semana!

 
"Golpe en Brasil. Genealogía de una farsa"

Un libro fundamental para entender la crisis política y social brasileña.

Pablo Gentili. [Editor]

Victor Santa María. Nicolás Trotta. [Presentación]
Perry Anderson. Eduardo Fagnani. Pablo Gentili. Amy Goodman. Glenn Greenwald. Paulo Kliass. Frei Betto. Cuauhtémoc Cárdenas. Michael Löwy. Adolfo Pérez Esquivel. Luiz Gonzaga Belluzo. João Feres Júnior. Immanuel Wallerstein. Leonardo Boff. João Pedro Stédile. Elodie Descamps. Tarik Bouafia. Raúl Zibechi. Pedro Paulo Zahluth Bastos. Guilherme Santos Mello. Mark Weisbrot. Boaventura de Sousa Santos. Luiz Inácio Lula da Silva. Dilma Rousseff. [Autores de Capítulo]




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Golpe en Brasil reúne textos escritos entre abril y junio de 2016, período en el que se dio inicio al proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Los autores aquí presentados nos ayudan a entender cómo se ha gestado y qué perspectivas se abren en el complejo proceso de desestabilización del orden democrático que vive actualmente Brasil.
Este libro quiere contribuir a entender qué ha pasado en Brasil para que podamos luchar y organizarnos mejor para garantizar el legítimo regreso de Dilma Rousseff a la presidencia de la república. También, para que la izquierda pueda enfrentar los inmensos desafíos que esta experiencia truculenta nos deja como lección.




MERCOSUR: la derecha amenaza con suspender a Venezuela

Reunión de coordinadores del Mercosur, anteayer, en Uruguay

 Reunión de coordinadores del Mercosur, anteayer, en Uruguay.

El Mercosur amenaza con suspender a Venezuela

Exigió a Maduro que ajuste su legislación a la del bloque; sería excluido si no cumple con 300 normas
LA NACION

La paciencia con el régimen de Nicolás Maduro parece haberse agotado. Los miembros del Mercosur emplazarán a Venezuela a ajustar su normativa con las reglas internas del bloque bajo un firme condicionante: en caso de no cumplir el pedido en un plazo prudencial podrían suspender a Caracas como miembro pleno del bloque.
Apenas 10 horas después de la reunión de coordinadores de los países fundadores del Mercosur que se realizó anteayer en Montevideo, las cancillerías de Uruguay, Paraguay, Brasil y la Argentina decidieron exigir a Venezuela el cumplimiento del proceso de adhesión plena al bloque. Así se lo notificaron anoche a Caracas, a fin de que el presidente Maduro se ajuste a las normas del Mercosur en un plazo determinado, que aún no trascendió. Algunas fuentes consultadas dijeron que sería hasta diciembre de este año la fecha límite y otros hablaron de marzo de 2017. Pero lo concreto es que hay una decisión unánime de que en el caso de no aceptar las reglas de juego del Mercosur podrían suspender a Venezuela hasta que cumpla.
"Nadie exige ser el mejor alumno. Pero tampoco podemos tener un Mercosur donde todos sus miembros hicieron un gran esfuerzo en ajustar sus normativas a un bloque común y Venezuela no hizo nada de esto", expresó ayer a LA NACION un destacado funcionario del Gobierno.
Desde que se incorporó, en 2012, Venezuela sólo acondicionó menos de un 30% de sus leyes internas a las normativas que rigen para todos los países del Mercosur. Esto es no sólo en el plano comercial, sino también político, de calidad democrática y de derechos humanos, entre otras variables a tener en cuenta.
Según un detallado estudio técnico de las cancillerías que integran el Mercosur, Venezuela debe aprobar aún 300 normativas del bloque, y le resta adecuar su legislación a 30 tratados internacionales adheridos por todos los miembros plenos del Mercosur.
Está claro que el presidente Maduro podría alegar que el problema radica en la falta de una ratificación de esas normas por parte del Congreso de su país y que no es un problema del Poder Ejecutivo. Pero tanto Brasil como la Argentina, Paraguay y Uruguay creen que ya pasó suficiente tiempo y Caracas aún no dio muestras claras de sumarse plenamente al Mercosur más allá de la retórica.
La decisión de avanzar con un llamado de alerta a Venezuela surgió anteayer de una reunión que se hizo en Montevideo, donde estuvieron el embajador de Paraguay en el Mercosur, Rigoberto Gauto; el subsecretario para Asuntos de América Latina y el Caribe de Brasil, Paulo Estivalet de Mesquita; el representante de la cancillería uruguaya Gabriel Bellón, y la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Argentina, Cristina Boldorini. Venezuela estuvo ausente en ese encuentro, donde se abordó también la polémica por la presidencia pro témpore del Mercosur, que Caracas asumió en forma unilateral y sin consenso pleno.
Al finalizar esa reunión, el coordinador paraguayo expresó: "Se ha constatado el incumplimiento de Venezuela [con el Mercosur], que desde luego ya lo habíamos adelantado, y hemos tomado nota de ese incumplimiento, y a partir de ahí es que se ha generado una serie de propuestas que vamos a elevar a nuestras autoridades", dijo. Unas horas más tarde las cancillerías del bloque resolvieron avanzar en una suerte de ultimátum a Maduro.

Derechos humanos

En forma paralela a esto, la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur presentó el lunes pasado al gobierno argentino un duro informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. El documento, al que accedió LA NACION, reveló un preocupante deterioro de los derechos humanos, la grave situación de los presos políticos y la delicada situación de asistencia humanitaria y de alimentos que sufren hoy los venezolanos.
El informe se realizó sobre la base de las audiencias públicas convocadas en Caracas por parte de los parlamentarios del Parlasur entre el 7 y el 8 de julio pasado. Allí se denunció que el gobierno de Maduro entorpeció la tarea de la comisión parlamentaria e impidió visitar a varios presos políticos. La presidenta de esa comisión del Parlasur, Cecilia Britto, presentó ese documento al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y al embajador Leandro Despouy.

Histórico: tras cuatro años de negociaciones, se firmó en La Habana el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Videos con las declaraciones de los máximos representantes de la guerrilla y el gobierno de Santos

Rsumen Latinoamericano / Telesur/ 24 de Agosto 2016.-

Jefe de la delegación del Gobierno de Colombia enfatizó que el acuerdo tiene contenido reparador; mientras que las FARC-EP perciben el acuerdo como la puerta abierta para el debate de ideas.
 
“Las sanciones previstas en el acuerdo tienen un amplio contenido reparador. La justicia transicional no es impunidad sino otra forma de hacer democracia”, aseveró Humberto de la Calle, jefe negociador de la delegación del Gobierno de Colombia, durante la firma del acuerdo final entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano este miércoles en La Habana, Cuba.
Con respecto al plebiscito, De la Calle señaló que los acuerdos representan una “hoja de ruta para Colombia” y tiene como propósito darle una nueva oportunidad a la vida pero “son los colombianos quienes decidirán si hemos acertado o no”.
“El narcotráfico no desaparecerá mañana pero el acuerdo es un paso enorme para mitigar los efectos de esa maldición”, dijo el jefe negociador. Agregó que la reforma rural es un “diseño útil” que ayuda a superar el problema de los cultivos ilícitos generando un nuevo entorno en el tema del narcotráfico.
“Este marco es una oportunidad para profundizar la lucha contra la corrupción, estigma que compromete al sector público y al privado, es verdad que en la política local comienza la corrupción”, enfatizó De la Calle.



Dejación de las armas

“Las armas desaparecerán de las manos de las FARC-EP. Exigimos a las FARC-EP con firmeza la no repetición. Nadie deberá alentar formas de la mal llamada justicia privada”, aseguró De la Calle.
Según el jefe negociador del Gobierno de Colombia se ha logrado establecer un “compromiso serio y transparente”, el cual tiene un mecanismo de monitoreo y verificación de gran calado, “los miembros de la ONU y la Celac imprimen un sello de confianza” al proceso de paz.
Por último, agradeció a los gobiernos de Venezuela, Chile, Noruega y en especial al gobierno de Cuba por su apoyo y apertura durante todo el proceso de paz.
El jefe de la delegación de las FARC-EP, Iván Márquez, aseguró este miércoles que el Acuerdo de Paz no es un punto de llegada, sino un punto de partida para un futuro de dignidad para todos los colombianos.
Márquez aseveró que “este día se entregó a Colombia la potencia transformadora que hemos construido durante años de luchas”.
“Este día se entregan las armas, para entrar en el debate de las ideas”, dijo Márquez, y agregó que “esto tiene como prioridad la trasformación social que claman las mayorías, es decir la gente pobre de Colombia”.
Indicó que lo pobres de Colombia tendrán un puesto de lucha en la política del país. Tras este acuerdo los afrocolombianos, indígenas y mujeres de la nación tendrán el derecho que merecen, y el Gobierno deberá responder por estos, enfatizó.



Para esto debe abrirse un debate nacional, donde los diferentes grupos del pueblo colombiano se escuchen los unos a los otros, dijo el líder insurgente.
“La involucración de todos los colombianos es vital para que la paz duradera se de de manera perfecta”, aseveró.
Agradeció a los Gobiernos de Cuba, Noruega, Chile y Venezuela, en este último recordó al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías.