miércoles, 7 de marzo de 2012

Bolivia, Ecuador y Venezuela ya abandonaron el CIADI

 
En estos días, crecen los roces entre Argentina y Estados Unidos por los reclamos de dos empresas de este último país contra Argentina. No llegó el momento de que Argentina proponga a los demás países latinoamericanos la salida conjunta de ese organismo del Banco Mundial?
A continuación, un artículo sobre la reciente salida de Venezuela del CIADI, que se suma a Bolivia y Ecuador:

Y fueron los tres: después de Bolivia y Ecuador, Venezuela abandona el CIADI

 por Cécile Lamarque

Venezuela anunció que se retiraba del CIADI, el Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones. La decisión de retirarse del CIADI, tomada también por Bolivia y Ecuador en 2007 y 2009, se oficializó el 24 de enero de 2012 con una carta enviada por el Gobierno venezolano al Banco Mundial.
El CIADI es un órgano de arbitraje creado en 1966 para resolver los litigios entre las transnacionales y los Estados. En la actualidad, 147 Estados reconocen su competencia en caso de litigio con transnacionales. Venezuela se adhirió al CIADI en 1993. Las multinacionales utilizan a este tribunal, que es un componente del grupo del Banco Mundial, mayoritariamente para reclamar indemnizaciones y compensaciones cuando el Estado toma medidas que “privan al inversor de beneficios que podría razonablemente esperar” o que podrían vincularse con una “expropiación indirecta”. Basta que un Parlamento adopte una medida (como una ley medioambiental o una ley que aumenta los impuestos de sociedades) que va contra los intereses de las transnacionales para que el Estado sea sancionado por estos árbitros internacionales. Por ejemplo, en 1996 la empresa estadounidense Metalclad demandó legalmente al gobierno mexicano por violación del capítulo 11 del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NdT) cuando el Gobierno de San Luis Potosi prohibió a dicha empresa abrir un depósito de productos tóxicos. La no concesión del permiso de abrir un depósito se consideró como un acto de “expropiación” y el Gobierno mexicano debió pagar a Metalclad una indemnización de 16,7 millones de dólares. Más recientemente, en 2007, el Gobierno ecuatoriano anunció que las empresas petrolíferas que operan en el país debían pagar una parte mayor de sus rentas al Estado. Las empresas Murphy Oil (EE. UU.), Perenco (Francia) y Conoco-Philips (EE.UU.) entonces presentaron una denuncia al CIADI por expropiación. Estos dos asuntos distan mucho de ser casos aislados. El problema fundamental es que el CIADI otorga impunidad a las transnacionales y mina la soberanía de los Estados. Era pues lógico que Venezuela reaccionara retirándose por fin del CIADI.
A raíz de las nacionalizaciones en varios sectores estratégicos (hidrocarburos, industria alimentaria, electricidad, finanzas, telecomunicaciones, etc), el gobierno venezolano se enfrenta, principalmente delante del CIADI, con una veintena de denuncias de multinacionales que exigen indemnizaciones colosales. Después de varios anuncios sin consecuencia, es el litigio con la petrolera estadounidense Exxon el que decidió a Venezuela de liberarse del CIADI. Por lo tanto, la decisión de Venezuela de salir del CIADI señala un paso más firme hacia la reconquista de su soberanía.


 

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